Sánchez llama a su brigada fiscal

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siempre ha tenido una idea muy patrimonialista de la Fiscalía, no solamente cuando dijo la famosa frase “de quién depende la Fiscalía, pues eso”, sino también lo puso de manifiesto en una extravagante comparecencia cuando se descubrió que Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, había borrado los mensajes de su teléfono móvil. Sánchez llegó a exigir a los ciudadanos que pidiéramos perdón a “su” Fiscal porque no había pruebas contra él.

Pero ahora hemos conocido que el Presidente ha vuelto a llamar a “su” fiscal para pagar los servicios a su mejor y más leal socio preferente, que es Otegi. Sánchez no quiere que los de Bildu se molesten tras los regalos dados al PNV en forma de palacete en París, a Junqueras en forma de 17.000 millones de euros para seguir despilfarrando dinero público que pagaremos todos los españoles, y a Puigdemont mediante una cesión xenófoba del control de la inmigración en Cataluña.

Por eso, Otegi no podía recibir un regalo menor, y Sánchez se lo ha dado a través de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número dos del Fiscal General del Estado, la cual ha rechazado reabrir el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco desoyendo la opinión de 13 de los 16 fiscales del Tribunal Supremo.

Esta fiscal ha presentado un escrito ante la Sala del Supremo pidiendo que se inadmitan los recursos presentados por el Partido Popular y las asociaciones de víctimas. De esta manera, se pone de manifiesto la verdadera razón por la que Sánchez mantiene a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado, ya que lo necesita, aún en forma de zombi, para seguir regando el apoyo en el Congreso de los Diputados de sus socios de Bildu, cuyo objetivo político, por el momento, es excarcelar a los terroristas de ETA y paralizar la investigación de los más de 300 asesinatos aún pendientes de averiguar su autoría. A ambos objetivos dedica Sánchez todo el esfuerzo utilizando a la Administración penitenciaria transferida al País Vasco y a la “brigada fiscal” creada por Álvaro García Ortiz.

Esta utilización de la Fiscalía por parte de Pedro Sánchez está minando el magnífico trabajo de los 2.704 fiscales que trabajan de forma ejemplar en los Juzgados y Tribunales españoles. Sin embargo, la actual camarilla que frecuenta el palacio del Marqués de Fontalba, sede de la Fiscalía General del Estado, únicamente está para lo que le mande el Gobierno para el que trabajan sin preocuparse de sus obligaciones legales. Basta que Pedro llame a Álvaro para que la “brigada fiscal” se ponga en marcha, ya sea para atacar a ciudadanos privados o ya sea para defender a la cúpula de una banda terrorista. Si de forma paralela ponen un poco de “cianuro” para perjudicar a una rival política de Pedro, como afirmó la fiscal provincial de Madrid, mucho mejor para la causa.

Pero la “brigada fiscal” también está para proteger a la propia familia de Pedro. No solamente está encabezando la defensa de Begoña, sino que es el manto protector del olvidadizo David Sánchez, e incluso mira hacia otro lado cuando se conoce la noticia de que la familia de Begoña Gómez tiene alquilado por 850 euros al mes un ático de 115 metros junto a la Gran Vía de Madrid propiedad de la mutua de funcionarios Muface, cantidad que fijó la entidad propietaria en 2023 y que está muy por debajo del precio del mercado inmobiliario.

Es una total anomalía democrática la “brigada fiscal” creada por Pedro Sánchez a través de Álvaro García Ortiz, brigada que tiene como misión allanar el camino cuando los intereses del Gobierno lo necesitan, fundamentalmente, para asegurar que el número uno se mantenga en la Moncloa y en consecuencia, ellos mantengan los puestos en los sitios claves de la cúpula fiscal. Por todo ello, siempre es gratificante escuchar a la Asociación de Fiscales, que son el reverso de esta “brigada sanchista”, cuando afirman alto y claro que es muy “preocupante que se vincule a la Fiscalía al Gobierno debido a la negativa imagen del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Por eso es necesario profundizar en la independencia de la fiscalía respecto al Poder Ejecutivo”.

Más pronto que tarde la “brigada” caerá y para limpiar la cúpula fiscal siempre estarán los 2.704 fiscales que trabajan defendiendo la legalidad y los “Álvaros” serán un simple recuerdo, aunque será un oscuro y negro recuerdo.